Qué tardecita la del pasado 17 de marzo, al medio día el Consejo de Estado anulaba el recurso de la Procuraduría que pretendía eliminar las medidas cautelares de la CIDH a Gustavo Petro y que éste volviera a ser destituido.
Todo parecía indicar, como se pensaba desde el año pasado, que Petro se mantendría en el cargo hasta el 31 de diciembre del presente año, fecha en la que acaba su gobierno. Pero en la tarde noche de ese mismo día, la Corte Constitucional falló la ponencia hecha por la magistrada Gloria Ortiz y revivió la revocatoria contra el Alcalde de Bogotá.
Estas contradicciones solo suceden en Colombia. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría de ellas en contra de la revocatoria. Pero no, no por estar a favor de Petro, sino porque hacer una consulta popular para echar a un alcalde al cual le falta menos de un año para que se termine su gobierno es totalmente absurdo.
Sin embargo la Corte Constitucional piensa igual al abogado defensor de su antiguo Presidente, el señor Abelardo de la Espriella, quien contestó de la siguiente manera respondiendo a las grabaciones en las que se ve involucrado su cliente, el expresidente la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.
¿A qué persona, con una moral aceptable, se le ocurre hacer este derroche de dinero? ¿Cuántas obras no se podrían construir con los recursos de dicha revocatoria? Y en el caso de que se hiciera, ¿Cuántas personas asistirían a esta revocatoria?
Para analizar la barbaridad que va a ocurrir en Bogotá hay que verla desde distintas perspectivas:
Primero, si Petro es un gobernante que se ha caracterizado por tener buenas ideas, pero han sido mal aplicadas o lo que llamarían otros, improvisadas; tendría mucho menos tiempo para encargarse de los retos que le quedan en su recta final como alcalde pues estaría en el balcón del Palacio Lievano defendiéndose.
Segundo, al excombatiente del M-19 le queda menos de un año para terminar su mandato y si a esto le sumamos que, según el Registrador General, Carlo Ariel Sánchez, la revocatoria sería en junio, le quedaría poco más de seis meses en el puesto.
Tercero, los bogotanos están cansados de esta novela y realmente la mayoría sólo esperan a que acabe el periodo del Alcalde.
Cuarto, el dinero de la revocatoria sería mejor utilizado si se emplea en el mejoramiento de la malla vial de la capital, ésa que tanto ha sido criticada.
Quinto, en el caso de que echaran a Petro, el alcalde encargado tendría seis meses en el puesto, muy poco tiempo para hacer bien las cosas.
Sexto, Gustavo Petro volvió a la Alcaldía en mayo del año pasado y hasta ahora la Corte Constitucional revivió la revocatoria, un perfecto croquis de lo que pasa en Colombia, todo proceso donde se vea involucrado un ente gubernamental dura mucho tiempo.
En conclusión, esta revocatoria es totalmente innecesaria e inaceptable. Como lo dijo el señor Miguel Gómez, promotor de la revocatoria, “me parece una burla que la Corte reviva la revocatoria de Petro”.
Juan Esteban Cisneros
Estudiante de Comunicación Social
Fundación Universitaria UNINPAHU